El 31 de diciembre vencen 50.000 contratos en distintas áreas de la administración pública nacional y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza una nueva medida de fuerza, ante la posibilidad de que el Gobierno decida avanzar con otra ronda de despidos en el Estado. “No puede existir un solo despido”, sostienen desde el sindicato.
En la semana previa a la Navidad, la Casa Rosada confirmó la desvinculación de 2.400 empleados “irregulares” del Ministerio de Justicia y dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), lo que provocó la eliminación de 1.388 puestos laborales.
Ante esa situación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó por la renovación automática de los trabajadores estatales y una recomposición salarial de emergencia.
“El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos. El proceso tiene que ser automático”, lanzó Aguiar en un comunicado.
Otra de las medidas que el Gobierno tiene para avanzar con el ajuste en la APN es a través de los exámenes de idoneidad. El 95% de los empleados públicos que lo rindieron aprobaron en el primer intento. Según datos del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, 9.000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados completaron las pruebas, que son obligatorias e incluyen preguntas de competencias básicas. Cerca de 50.000 empleados debían rendir la evaluación como requisito obligatorio para renovar sus contratos.
Según el Ejecutivo, la aprobación del examen, sin embargo, es “necesaria, pero no suficiente” para asegurar la renovación, que se definirá luego por los “parámetros usuales”.
Hay tres tipos de evaluaciones: una orientada a “servicios generales”, otra a “administrativos” y una última a “profesionales”. Todas son anónimas, tienen una duración de una hora y se realizan de manera presencial, en formato multiple-choice. Los resultados se procesan de forma automática para evitar cualquier sesgo en la corrección.
El proceso forma parte de un plan más amplio que impulsa Sturzenegger y es conocido como “deep motosierra”, destinado a reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y elevar los estándares de desempeño de sus trabajadores.
“Para ponerle límites al gobierno de Milei tenemos que seguir en la calle. Tenemos que seguir movilizados porque no solo están en juego nuestros salarios y puestos de empleo, sino toda la institucionalidad de nuestro país”, dijo Aguiar. El presidente Javier Milei repitió en varias oportunidades que irá a fondo con los despidos.
Compartir